La Ley General de Salud establece en sus artículos 267 y 268 que “Todo sistema de abastecimiento de agua destinada al uso y consumo de la población deberá suministrar agua potable en forma continua, en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades de las personas y con la presión necesaria para permitir el correcto funcionamiento de los artefactos sanitarios en uso”, además de que todo abasto de agua potable sin excepción queda sujeto al control del Ministerio de Salud (MS) en cuanto a la calidad del agua que se suministra y que este Ministerio velara por un suministro de agua adecuado y seguro.
A pesar de que el ministerio de Salud conoce su responsabilidad como ente encargado de velar por la calidad del agua de nuestro país, en realidad, su rol está prácticamente invisibilizado. Aunque existen los instrumentos, tales como órdenes sanitarias y la clausura de acueductos, para exigir agua de calidad potable a los diversos operadores de acueductos, éstos nunca han sido operativos.
Es lamentable que a pesar de los significativos avances en cobertura (97.4%) y calidad del agua para consumo humano (76% agua potable) que tiene Costa Rica, el aumento en la incidencia de enfermedades de trasmisión hídrica provocado por el consumo de agua no potable y en alguna medida por el aumento de inmigrantes portadores de agentes infecciosos que se diseminan por vía ambiental, demuestra que el país esta a la puerta de una crisis de salud. Señales claras de esta crisis son: el segundo lugar que ocupa la diarrea como causa de muerte en las enfermedades de declaración obligatoria-superada por el SIDA- y la ultima gran epidemia que ha sufrido el país, “el dengue”, con 18,210 casos reportados a diciembre del 2003. En ambos casos el agua es el vehículo de propagación, aunque en el segundo no es por consumo del líquido.
Los brotes de diarrea llaman la atención sobre la seriedad y responsabilidad con que el país debe manejar la calidad del agua. Entre los años 1999 y 2003 se identificaron 12 brotes de diarrea en diferentes regiones del país en los que se identificó al agua para consumo humano como el vehículo transmisor del los diferentes agentes etiológicos (Virus, Bacterias). En muchos otros casos aunque no se identificó el agua como causante de la enfermedad, la calidad de la misma siempre estuvo en duda. Al problema de salud que en si mismo significan las diarreas, es necesario agregarle el costo social y económico que trae consigo la enfermedad. El diagnóstico de los 138.410 casos de diarrea reportados por los centros de atención de salud del país durante el año 2002, significó un gasto aproximado de treinta y un millones de dólares (US$ 31,000.000) a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Este monto no corresponde al costo real porque la anterior cifra corresponde solo al costo que tiene la atención de un enfermo en una clínica periférica o EBAIS. Los medicamentos, exámenes de laboratorio y si fuera necesario internamiento en un hospital especializado no están incluidos en esta cifra.
Se llama la atención sobre el hecho que la diarrea afecta en los extremos de la vida; ello significa que los niños y los adultos mayores son más susceptibles a la enfermedad. En el caso de los niños, el presentar enfermedades diarreicas a repetición (casos de Santa Bárbara de Heredia, Dota y Talamanca) es un factor de riesgo para la desnutrición, falla para progresar, bajo rendimiento escolar y susceptibilidad a otras infecciones y enfermedades severas.
El laboratorio de Aguas de AyA mediante el programa de riesgo sanitario ha identificado y evidenciado el riesgo de los acueductos municipales involucrados en brotes de diarrea entre 1999 y 2003 . De los 27 acueductos estudiados, el 92% se encuentran en riesgo que va desde intermedio a muy alto, consecuentemente tienen una prioridad de acciones correctivas de su infraestructura que va desde mediana hasta urgente. Las organizaciones operadoras de acueductos a pesar de conocer lo necesarias que son las mejoras en su infraestructura , las evaden con el pretexto del factor económico, sin tomar en consideración el potencial daño a la salud pública que representan sus acueductos.
El dengue es la otra enfermedad relacionada con el agua que más afectó a la población costarricense en el 2003 (18.210 casos). Aunque no se reportan muertes por esta enfermedad en este periodo, el costo económico y social fue muy alto si se toma en consideración que el costo aproximado diario de la atención de un enfermo de dengue es de alrededor de 500 US$. Si bien es cierto, esta enfermedad no se transmite por la ingesta agua contaminada, está muy relacionada con los deficientes sistemas de saneamiento ambiental que prevalecen en el país. Los mismos consecuencia de las deficientes políticas de salud ambiental y de la dinámica social que en general no valora adecuadamente la calidad del agua
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