Las 1800 asociaciones de acueductos (ASADAS) que hay en el país podrían tener autonomía, o sea poder tomar decisiones para invertir sus recursos en proyectos con miras asegurar el preciado líquido, todo gracias al Proyecto de Ley: “Ley de Reordenamiento del Sector del Recurso Hídrico Comunal”.
Con dicha Ley se busca regular las funciones administrativas, patrimoniales, planificación y asesoramiento en la prestación del suministro de agua potable. Así como la eliminación y tratamiento de excreta, aguas negras y servidas por parte de asociaciones y organizaciones sociales.
Se busca evitar que Acueductos y Alcantarillados (AyA) centralice poder e impida organizarse a las comunidades a la hora de tomar decisiones rápidas y sabias. Así como evitar que los activos que tanto les ha costado a las comunidades pasen a manos del AyA.
El presente Proyecto de Ley fue presentado en marzo a la Asamblea Legislativa por los diputados José Joaquín Salazar, Marvin Rojas Rodríguez y Patricia Romero Barrientos.
Salazar dijo también pretenden evitar que AyA se apodere de los bienes de las comunidades y que más tarde los vendan o privaticen el servicio.
Explicó que las comunidades han demostrado su poder organizativo para solucionar problemas que el Estado ha sido incapaz de solucionar.  Empoderar a las asociaciones de acueductos es lo que se busca con un proyecto de ley presentado en Asamblea Legislativa.
Según el Proyecto de Ley por años la politización enfermiza ha buscado centralizar la mayor cantidad de decisiones posibles y los diputados y presidentes ejecutivos le han impedido el desarrollo de las comunidades.
“El AyA no ha asumido su papel de rector, por avocarse al de operador y le ha impedido a las ASADAS redoblar esfuerzos para cumplir sus objetivos”.
Mediante dicho proyecto se regulará el marco institucional para la gestión y el manejo del recurso hídrico comunal.
También se regulará el aprovechamiento y disfrute racional del agua y sus deberes de conservación y protección, así como el derecho de participación de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones.
Acceso al agua
Para la aplicación de esta ley se atenderán los principios de derecho humano de acceso al agua, prioridad para consumo humano, el valor de agua y la participación ciudadana.
El proyecto propone crear el Consejo del Recurso Hídrico Comunal como espacio de deliberación, concertación y coordinación entre el Poder Ejecutivo, las instituciones descentralizadas, el Estado y los sectores sociales vinculados al recurso hídrico.
Dicho Consejo lo integrará el titular del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el de Salud, el Presidente Ejecutivo del AyA, cuatro representantes de ASADAS del recurso hídrico comunal, un miembro de la Unión Nacional de Gobiernos Locales y el gerente general del Servicio Nacional de riego y Avenamiento (SENARA).
Se creará la Dirección Nacional del Recurso Hídrico Comunal, como un órgano adscrito al MINAE, con personería jurídica.
Las comunidades que deseen organizarse para la administración de los servicios públicos de suministro de agua potable, eliminación de excretas, aguas negras, pluviales y servidas deberán conformarse como asociaciones comunales.
Las asociaciones contarán con plena personería jurídica y podrán adquirir toda clase de bienes, celebrar contratos de cualquier tipo y contratar servicios privados.
Para la fijación de tarifas se aplicará criterios de justicia social y distributiva que tomen en cuenta la condición económica de los vecinos.
Gerardo Quesada Alvarado
San Carlos Al Día | 
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