CARTA AL ARESEP POR INFORME AL AYA EL 26/10/11

San Jose 22 de noviembre del 2011

                                                                           OFICIO-001- POMEIR-2011

Ing. Mario A Freer Valle

Director Dirección de Servicios Agua y Ambiente.

Autoridad reguladora de Servicios Públicos (ARESEP)

Estimado Señor:

Reciba un cordial saludo de parte del Comité Pro Mejoras Acueducto y Recursos Naturales Pocora, Las Mercedes e Iroquois.

De acuerdo a la resolución 376-DIAA-2011 por ustedes, en respuesta al informe de AyA y dirigido al señor Javier Vargas Tencio, Gerente General de esa institución, se le exige a la misma que cumpla con una serie de requisitos y normas técnicas para el buen desempeño del acueducto de Pocora, Mercedes e Iroquois. Situación que al día de hoy no se ha cumplido y posiblemente estarán realizando un maquillaje menor para palear la situación imperante. En esta resolución usted menciona, “Cumplida la primera etapa (corto plazo) a satisfacción, la ARESEP procederá a autorizar la aplicación de la tarifa plena establecida.”

Que sería pintar el tanque de almacenamiento y colocar alambre navaja sobre la malla que protege este tanque. Creemos que las necesidades prioritarias son otras, por esta y otras situaciones es la razón por la que le manifestamos que no aceptamos esta resolución, pues la situación desde hace muchos años ha sido el descuido y ruina del sistema de abastecimiento de agua aunado a las escasas acciones y respuestas positivas por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en donde se evidencio que este acueducto, no es una prioridad para administración de AyA.

Ante esta realidad el pueblo tomo la decisión  de solicitarle al AYA,  nos traslade la  administración de este acueducto, de esta decisión su persona tiene conocimiento, pues se le envió documento con fecha del 19 de noviembre del  2011, donde le hacíamos saber al AyA la posición firme y única de todos los usuarios de este acueducto, en que este pase a ser una ASADA.

Hacemos de su conocimiento que en reunión el día 10/11/2011 en la comunidad de Pocora,  con el gerente general del AyA, señor Javier Vargas Tencio y el director de la Región Huetar Atlántica, señor Jorge Madrigal y otras autoridades de esta institución, donde se les hizo saber la decisión irrevocable tomada por todos los usuarios con documentos firmados por estos. Además contamos con el apoyo pleno del Consejo Municipal  de Guácimo. Por todo lo anteriormente mencionado, le volvemos a enfatizar que estamos en total desacuerdo con la resolución 376-DIAA-2011  tomada por su representada.

Le rogamos tomar consideración de lo anterior y realizar una investigación nuevamente en el sitio para que corroboren la situación real y se nos conceda audiencia para referirnos al caso que hemos citado.

Atentamente

Comité Pro mejoras Acueducto  Recursos Naturales, Pocora Las Mercedes e Iroquois

ENFERMEDADES DE TRANSMISION HIDRICA

La Ley General de Salud establece en sus artículos 267 y 268 que “Todo sistema de abastecimiento de agua destinada al uso y consumo de la población deberá suministrar agua potable en forma continua, en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades de las personas y con la presión necesaria para permitir el correcto funcionamiento de los artefactos sanitarios en uso”, además de que todo abasto de agua potable sin excepción queda sujeto al control del Ministerio de Salud (MS) en cuanto a la calidad del agua que se suministra y que este Ministerio velara por un suministro de agua adecuado y seguro.

A pesar de que el ministerio de Salud conoce su responsabilidad como ente encargado de velar por la calidad del agua de nuestro país, en realidad, su rol está prácticamente invisibilizado. Aunque existen los instrumentos, tales como órdenes sanitarias y la clausura de acueductos, para exigir agua de calidad potable a los diversos operadores de acueductos, éstos nunca han sido operativos.

Es lamentable que a pesar de los significativos avances en cobertura (97.4%) y calidad del agua para consumo humano (76% agua potable) que tiene Costa Rica, el aumento en la incidencia de enfermedades de trasmisión hídrica provocado por el consumo de agua no potable y en alguna medida por el aumento de inmigrantes portadores de agentes infecciosos que se diseminan por vía ambiental, demuestra que el país esta a la puerta de una crisis de salud. Señales claras de esta crisis son: el segundo lugar que ocupa la diarrea como causa de muerte en las enfermedades de declaración obligatoria-superada por el SIDA- y la ultima gran epidemia que ha sufrido el país, “el dengue”, con 18,210 casos reportados a diciembre del 2003. En ambos casos el agua es el vehículo de propagación, aunque en el segundo no es por consumo del líquido.

Los brotes de diarrea llaman la atención sobre la seriedad y responsabilidad con que el país debe manejar la calidad del agua. Entre los años 1999 y 2003 se identificaron 12 brotes de diarrea en diferentes regiones del país en los que se identificó al agua para consumo humano como el vehículo transmisor del los diferentes agentes etiológicos (Virus, Bacterias). En muchos otros casos aunque no se identificó el agua como causante de la enfermedad, la calidad de la misma siempre estuvo en duda. Al problema de salud que en si mismo significan las diarreas, es necesario agregarle el costo social y económico que trae consigo la enfermedad. El diagnóstico de los 138.410 casos de diarrea reportados por los centros de atención de salud del país durante el año 2002, significó un gasto aproximado de treinta y un millones de dólares (US$ 31,000.000) a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Este monto no corresponde al costo real porque la anterior cifra corresponde solo al costo que tiene la atención de un enfermo en una clínica periférica o EBAIS. Los medicamentos, exámenes de laboratorio y si fuera necesario internamiento en un hospital especializado no están incluidos en esta cifra.

Se llama la atención sobre el hecho que la diarrea afecta en los extremos de la vida; ello significa que los niños y los adultos mayores son más susceptibles a la enfermedad. En el caso de los niños, el presentar enfermedades diarreicas a repetición (casos de Santa Bárbara de Heredia, Dota y Talamanca) es un factor de riesgo para la desnutrición, falla para progresar, bajo rendimiento escolar y susceptibilidad a otras infecciones y enfermedades severas.

El laboratorio de Aguas de AyA mediante el programa de riesgo sanitario ha identificado y evidenciado el riesgo de los acueductos municipales involucrados en brotes de diarrea entre 1999 y 2003 . De los 27 acueductos estudiados, el 92% se encuentran en riesgo que va desde intermedio a muy alto, consecuentemente tienen una prioridad de acciones correctivas de su infraestructura que va desde mediana hasta urgente. Las organizaciones operadoras de acueductos a pesar de conocer lo necesarias que son las mejoras en su infraestructura , las evaden con el pretexto del factor económico, sin tomar en consideración el potencial daño a la salud pública que representan sus acueductos.

El dengue es la otra enfermedad relacionada con el agua que más afectó a la población costarricense en el 2003 (18.210 casos). Aunque no se reportan muertes por esta enfermedad en este periodo, el costo económico y social fue muy alto si se toma en consideración que el costo aproximado diario de la atención de un enfermo de dengue es de alrededor de 500 US$. Si bien es cierto, esta enfermedad no se transmite por la ingesta agua contaminada, está muy relacionada con los deficientes sistemas de saneamiento ambiental que prevalecen en el país. Los mismos consecuencia de las deficientes políticas de salud ambiental y de la dinámica social que en general no valora adecuadamente la calidad del agua

BUSCAN DARLE PODER A LOS ACUEDUCTOS RURALES

Las 1800 asociaciones de acueductos (ASADAS)  que hay en el país podrían tener autonomía, o sea poder tomar  decisiones para invertir sus recursos en proyectos con miras asegurar el preciado líquido, todo gracias al Proyecto de Ley: “Ley de Reordenamiento del Sector del Recurso Hídrico Comunal”. Con dicha Ley se busca regular las funciones administrativas, patrimoniales, planificación y asesoramiento en la prestación del suministro de agua potable. Así como la eliminación y tratamiento de excreta, aguas negras y servidas por parte de asociaciones y organizaciones sociales. Se busca  evitar que   Acueductos y Alcantarillados (AyA) centralice poder e impida organizarse a las comunidades a  la hora de tomar decisiones rápidas y sabias. Así como evitar que los activos que tanto les ha costado a las comunidades pasen a manos del AyA.  El presente Proyecto de Ley fue presentado en marzo a la Asamblea Legislativa por  los diputados José Joaquín Salazar, Marvin Rojas Rodríguez y Patricia Romero Barrientos.  Salazar dijo también pretenden evitar que  AyA se apodere de los bienes de las comunidades y que más tarde  los vendan  o  privaticen el servicio.  Explicó  que las comunidades han demostrado su poder organizativo para solucionar problemas que el Estado ha sido incapaz de solucionar. Empoderar a las asociaciones de acueductos es lo que se busca con un proyecto de ley presentado en Asamblea Legislativa.     Según el Proyecto de Ley por años la politización enfermiza ha buscado centralizar la mayor cantidad de decisiones  posibles y  los diputados y presidentes ejecutivos le han impedido el desarrollo de las comunidades.     “El AyA no ha  asumido su papel  de rector, por avocarse al de operador y le ha impedido a las ASADAS redoblar esfuerzos para cumplir sus objetivos”.     Mediante dicho proyecto se regulará el marco institucional para la gestión y el  manejo del recurso hídrico comunal.     También se regulará el aprovechamiento y disfrute racional del agua y sus deberes de conservación y protección, así como el derecho de participación de los  ciudadanos en los procesos de toma de decisiones. Acceso al agua     Para la aplicación de esta ley se atenderán los principios de derecho humano de acceso al agua, prioridad para consumo humano, el valor de agua y la  participación ciudadana.     El proyecto propone crear el Consejo del Recurso  Hídrico Comunal como espacio de deliberación, concertación y coordinación entre el Poder Ejecutivo, las instituciones descentralizadas, el Estado y los sectores sociales vinculados al recurso hídrico.     Dicho Consejo lo integrará el titular del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el de Salud, el Presidente Ejecutivo del AyA, cuatro representantes de ASADAS del recurso hídrico comunal, un miembro de la Unión Nacional de Gobiernos Locales y el gerente general del Servicio Nacional de riego y Avenamiento (SENARA).     Se creará la Dirección Nacional del Recurso Hídrico Comunal, como un órgano adscrito al MINAE, con personería jurídica.     Las comunidades que deseen organizarse para la administración de los servicios públicos de suministro de agua potable, eliminación de excretas, aguas negras, pluviales y servidas deberán conformarse como asociaciones comunales.     Las asociaciones contarán con plena personería jurídica y  podrán adquirir toda clase de bienes, celebrar contratos de cualquier tipo y contratar servicios privados.     Para la fijación de tarifas se aplicará criterios de justicia social y distributiva que tomen en cuenta la condición económica de los vecinos. Gerardo Quesada Alvarado San Carlos Al Día